La inflación
Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Economico, 11 de junio de 2010.

Ahora que en los últimos meses los datos de la inflación muestran una desaceleración de su crecimiento y por lo tanto se terminó el bombardeo mediático y de las consultoras privadas sobre la suba de los precios podemos retomar el análisis sobre el tema.
En primer lugar, para debatir el tema de la inflación es necesario primero contextualizarlo. En este sentido, a partir de 2003 se inició un proceso de reindustrialización de la economía argentina a partir de la conformación de un nuevo diseño macroeconómico que permitió que el sector manufacturero vuelva a ser rentable. En efecto, la conjunción de un tipo de cambio competitivo, la política de subsidios que permite la reducción de los costos de los empresarios junto al fortalecimiento del mercado interno (en el cual venden la mayor parte de las mercancías el sector industrial argentino) junto a un conjunto importante de políticas sectoriales permitieron la reconstrucción del aparato industrial nacional.
A partir básicamente de la reindustrialización se verificó un  incremento de la inclusión social. Mientras que la desocupación bajó del 20,4% al 8,3% entre el primer trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2010, la subocupación demandante disminuyó del 12,0% al 6,6% durante el mismo período. Por su parte, los asalariados sin descuentos jubilatorios se redujeron del 45,1% al 36,1% entre mayo de 2003 y cuarto trimestre de 2009. Por último, el plan de inclusión previsional permitió el acceso de 1.400.000 personas al sistema jubilatoria a pesar de no tener los aportes necesarios, lo cual generó que la cobertura del sistema previsional aumentó de 3.400.000 a 5.591.000 jubilados entre el 2003 y el 2010.
A esto se suma desde el 2003 una fuerte política de ingreso llevado a cabo por el gobierno nacional. En primer lugar, la reactivación de las convenciones colectivas de trabajo. En este sentido, la cantidad de personas que participan en las negociaciones colectivas aumentaron de 1.222.000 a 3.992.000 personas entre el 2004 y el 2008. Visto de otra manera, mientras que en el 2004 existieron 348 negociaciones de paritarias, en el 2008 se verificaron 1.231 negociaciones.
Esto generó un aumento del salario que se vio reflejado en el incremento del salario mínimo, vital y móvil que pasó de 200 pesos en mayo de 2003 a 1.500 pesos en enero de 2010, es decir, que experimentó un crecimiento de 650%.
En segundo lugar, una de las políticas de ingresos centrales llevada a cabo desde el 2003 fue el aumento constante de las jubilaciones. Es decir, no sólo que se aumentó la cobertura del sistema previsional sino que además se produjo un crecimiento permanente de las jubilaciones.
La jubilación minima pasó de 150 pesos en julio de 2003 a 945 pesos con el aumento del 2010. por lo tanto, la jubilación minima experimentó un aumento del 496% durante este período. El año pasado en medio de la crisis financiera internacional y donde la mayoría de los países centrales aplicaban políticas de ajuste se produjo un aumento del 19,89% en la jubilación minima.
Por último, debemos señalar como otra política de ingreso fundamental los planes sociales desarrollados por el gobierno nacional. En este sentido, debemos mencionar por un lado las cooperativas de trabajo y por otro lado la asignación familiar por hijo. Con respecto a esta última es importante destacar que es el plan social más ambiciosos de America Latina destinando fondos por un monto equivalente al 0,58% del PBI, mientras que la Bolsa Familiar de Brasil implica un 0,39% de su PBI, el plan Oportunidades de México equivale a un 0,31% del su PBI, el plan Juntos de Perú representa el 0,2% de su PBI y el plan Chile Solidario es equivalente al 0,1% de su PBI.
La consecuencia inevitable de la mayor inclusión social y de la aplicación distintas políticas de ingreso fue el aumento del consumo popular que se tradujo en un fuerte crecimiento del mercado interno que fue el principal impulsor de la demanda y el crecimiento económico sostenido. Un solo dato para ilustrar el crecimiento del consumo de los sectores populares: mientras que el consumo de Carne vacuna en el 2003 era de 60,21 kilogramos por habitante anual promedio, en el 2009 era de 68,44 kilogramos. La última vez que el consumo de carne fue tan alto fue en 1994 que se había verificado un consumo de 68,44 kilogramos por habitante anual promedio. A partir de ese año, y más allá de las oscilaciones, el consumo de carne de los argentinos se redujo en forma permanente.
En este contexto es que se produce la suba de precios y el debate por el tema de la inflación. Para los economistas ortodoxos la inflación se debe por un lado al aumento de salarios de los trabajadores que generan un incremento de los costos de los empresarios que luego son trasladados a los precios. Sin embrago, en gran parte de las empresas el costo laboral es sumamente reducido en su estructura de costos, incluso en algunas empresas el costo salarial sólo representa el 3% del costo total.
Por otro lado, los economistas neoliberales argumentan que es el crecimiento de la demanda generado por el aumento del consumo, del gasto público y de la política monetaria expansiva lo que provoca inflación. Sin embargo, la inflación por demanda se produce cuando una economía se encuentra produciendo al limite de su capacidad productiva. Los datos referidos a la economía argentina demuestran lo contrario: el nivel general de la utilización de la capacidad instalada en enero de 2010 era del 66,6%. Por lo tanto, existe una importante capacidad ocioso instalada lo cual demuestra que la inflación no es por demanda.
En contraposición a lo expuesto por la ortodoxia económica, las causas de la inflación en la actualidad se debe fundamentalmente a dos factores centrales que generan en el marco de una economía fuertemente expansiva sustentada por el mercado interno una puja distributiva.
La primer causa son los altos precios internacionales de los alimentos generando que la inflación internacional se traslade al mercado interno. La suba de precios a nivel internacional genera por un lado que los productores de alimentos aumenten los precios internos para obtener la misma rentabilidad que vendiendo la producción en el mercado externo.
Por otro lado, particularmente el abrupto aumento de la soja produjo un proceso de sojización del campo argentino reduciendo la producción de ciertos bienes que consumen los argentinos. En este sentido, la superficie cosechada de soja aumentó de 8.637,5 a 16.767,5 hectáreas entre la campaña 1999/2000 y 2008/2009. Por otro lado, el stock total vacuno disminuyó desde 58.472.000 a 55.432.000 cabezas entre el 2007 y el 2009.
De esta forma, se produjo en el campo argentino un reemplazo de la soja, producto que el argentino no consume, por los bienes que el argentino si consume como por ejemplo la producción de carne. Esta reducción de la oferta en un mercado expansivo provoca tensiones inflacionarias.
El segundo factor que impacta en el aumento de los precios es la fuerte concentración económica verificada en la Argentina. Por ejemplo; en el mercado de la leche, dos empresas (Sancor y Dadone) concentran el 66% del mercado; en el cemento, cuatro empresas (Loma Negra, Minetti, Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia) concentran el 100% del mercado; en la producción del pan, dos empresas (Fargo y Bimbo) concentran el 89% del mercado; en las galletitas, dos empresas (Dadone y Arcor) concentran el 78% del mercado.
Por lo tanto, en un contexto de aumento del consumo popular, crecimiento del mercado interno y suba de salarios con elevados precios internacionales y fuerte concentración económica se traduce en una puja distributiva, donde los productores de alimentos quieren exportar la mayor cantidad de mercancías posibles y cultivar soja en detrimento del consumo interno y donde las grandes empresas concentradas quieren mantener el nivel de distribución del ingreso aumentando los precios ante cualquier incremento del salario nominal de los trabajadores.
El intento de los sectores dominantes es asociar la inflación al gobierno, pues si el culpable es el gobierno la solución es reducir el intervencionismo estatal en la economía. Sin embargo, la política antiinflacionaria requiere una mayor intervención del Estado para favorecer a los sectores populares en la puja distributiva.
En este sentido, las políticas de retenciones, subsidios y precios máximos llevadas a cabo por el gobierno nacional son fundamentales para reducir el nivel de la inflación. A estas políticas debemos sumarles nuevas herramientas tendientes a incrementar la competencia, como por ejemplo un sistema tributario y una nueva ley de entidades financieras que beneficien a las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, instrumentar políticas de premios y castigos para castigar las empresas que suben los precios sin un justificativo económico y premiar a aquellas que invierten y aumentan la producción.
Juan Domingo Perón en un encuentro producido el 16 de junio de 1948 ante dirigentes gremiales decía “¿A qué lleva esto? A un aumento de la demanda, porque nosotros aumentamos los salarios. Nuestros obreros consumen más. Fíjense ustedes que en la República Argentina se come hoy casi medio millón de toneladas más de carne que el año pasado; el de trigo lo mismo. Y como nuestros obreros ganan un jornal mayor, se compran más ropa, toman de vez en cuando algún vino bueno y demás. Todo eso aumenta el consumo. Si la producción disminuye y el consumo aumenta, se traduce en el mercado en una disminución de la oferta y un aumento de la demanda, y el precio sube. Son factores vitales”. La puja distributiva verificada durante el modelo peronista se vuelve a repetir en la actualidad ante el mismo intento de distribuir el ingreso a favor de los sectores populares.